Resulta que la información proporcionada por la Agencia
Tributaria sobre las fincas que la infanta Cristina había vendido por cerca de
un millón y medio de euros es falsa.
O eso dicen porque ahora la Infanta, a través de un
portavoz debidamente autorizado por ella, niega dichas ventas y que esas fincas
fuesen suyas.
¿A quién creer?
No es que los datos fiscales de la esposa de Urdangarín sean más o menos
fiables; a fin de cuentas, cuando entró en este tema el juez Castro,
inmediatamente desde la fiscalía y desde el mismo estado por boca de algunos
diputados, se tiraron al monte y a poco más echan a la hoguera al mismo juez. O
sea que tanto unos defensores como otros deben de tener información más fehaciente
de sus cuentas y por eso dicen que es ridículo que el juez las pida ya que todo
está bien. Lo raro es que la Agencia Tributaria se equivoque, porque, si así lo
hizo, nos metería al resto de ciudadanos en un brete: ¿cuántas veces nos habrían
engañado, por ejemplo? ¿Acaso sus datos
no son reales? ¿Cómo pueden meter la pata tan hasta el fondo como la han
metido? El nombre de la infanta lo deben de tener claro y los ex dueños de esas
propiedades habrán de estar registrados en algún sitio, digo yo. A ver si
resulta que tenemos dos infantas con el mismo nombre en España y los datos de
la Agencia son de la otra.
No obstante, no me extrañaría que no tardasen mucho en
admitir una u otra algún tipo de error para seguir tapando bajo la manta
cualquier dato sospechoso que afecte a la “Familia española por excelencia”. Pero,
digan lo que digan, el asunto seguirá oliendo mal, muy mal. Como todo lo que
está sucediendo alrededor del duque em-palma-do.
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